Abstract

Mental health in Chile is a complex system influenced by social, economic, cultural, and political factors. Although addressing it requires the coordination of promotion, prevention, and treatment with a communi-ty and territorial focus, public policies have historically tended to emphasize an individual model, without fully integrating the social dynamics that condition well-being. The epidemiological landscape underscores the magnitude of the challenge: one in eight people worldwide has a mental disorder, with significant in-creases after the global pandemic. Chile is among the countries with the highest burden of psychiatric mor-bidity, with a growing prevalence of depression and anxiety and a steady increase in leave taken for mental health reasons. However, a significant gap in care persists: only 18.7% of people with emotional problems receive treatment. Structural inequalities are reflected in the segmentation of the healthcare system, the low availability of psychiatric beds, the shortage of specialists, and the limited coverage of the GES (Garantías Explícitas en Salud), which excludes multiple high-prevalence disorders, among other difficulties. Chronic underinvestment, at 1.7% of the health budget, much below the 12% recommended by the OECD, exacerbates these disparities. Overcoming this scenario requires strengthening research, improving information sys-tems, incorporating a territorial and community perspective, and promoting integrated care models. Like-wise, university education in psychology must combine research, teaching, and community outreach, training professionals capable of influencing public policy and responding to the needs of the mental health system. Closing the gaps requires political commitment, sustained funding, and coordinated intersectoral action.

Keywords: public policies, prevalence, funding, psychologist training, inequality, coverage.

Resumen

La salud mental en Chile es un sistema complejo influido por factores sociales, económicos, culturales y políticos. Aunque su abordaje exige articular promoción, prevención y tratamiento con enfoque comunitario y territorial, las políticas públicas han tendido históricamente a enfatizar un modelo individual, sin integrar plenamente las dinámicas sociales que condicionan el bienestar. El panorama epidemiológico evidencia la magnitud del desafío: una de cada ocho personas presenta un trastorno mental a nivel global, con alzas significativas post pandemia. Chile se encuentra entre los países con mayor carga de morbilidad psiquiátrica, con creciente prevalencia de depresión y ansiedad y un aumento sostenido de licencias por causas de salud mental. Sin embargo, persiste una profunda brecha de atención: el 18,7% de las personas con problemas emocionales reciben tratamiento. Las inequidades estructurales se expresan en la segmentación del sistema de salud, la baja disponibilidad de camas psiquiátricas, la insuficiencia de especialistas y la limitada cobertura del GES, que excluye múltiples trastornos de alta prevalencia, entre otras dificultades. La subinversión cró-nica —1,7% del presupuesto sanitario, muy por debajo del 12% recomendado por la OCDE— agrava estas brechas. Superar este escenario requiere fortalecer la investigación, mejorar los sistemas de información, incorporar la perspectiva territorial y comunitaria, y promover modelos de atención integrados. Asimismo, la formación universitaria en psicología debe articular investigación, docencia y vinculación con el medio, formando profesionales capacitados para incidir en políticas públicas y responder a las necesidades del sis-tema de salud mental. El cierre de las brechas exige compromiso político, financiamiento sostenido y una acción intersectorial coordinada.

Palabras clave: políticas públicas, prevalencia, financiamiento, formación de psicólogos, inequidad, cobertura.

Resumo

A saúde mental no Chile constitui um sistema complexo, influenciado por fatores sociais, econômicos, culturais e políticos. Embora seu enfrentamento exija a coordenação de ações de promoção, prevenção e tratamento com foco comunitário e territorial, as políticas públicas historicamente têm tendido a enfatizar um modelo individual, sem integrar plenamente as dinâmicas sociais que condicionam o bem-estar. O panorama epidemiológico demonstra a magnitude do desafio: uma em cada oito pessoas no mundo sofre de algum transtorno mental, com aumentos significativos no período pós-pandemia. O Chile está entre os países com maior carga de morbidade psiquiátrica, com crescente prevalência de depressão e ansiedade e aumento contínuo de afastamentos do trabalho por motivos de saúde mental. No entanto, persiste uma profunda lacuna no atendimento: apenas 18,7% das pessoas com problemas emocionais recebem tratamento. As desigualdades estruturais se refletem na segmentação do sistema de saúde, na baixa disponibilidade de leitos psiquiátricos, na escassez de especialistas e na cobertura limitada do GES (Garantias Explícitas de Saúde), que exclui muitos transtornos de alta prevalência, entre outras dificuldades. O subinvestimento crônico — 1,7% do orçamento da saúde, bem abaixo dos 12% recomendados pela OCDE — agrava essas lacunas. Superar essa situação exige o fortalecimento da pesquisa, a melhoria dos sistemas de informação, a incorporação de uma perspectiva territorial e comunitária e a promoção de modelos de atenção integrada. Do mesmo modo, a formação em psicologia no ensino superior deve articular pesquisa, ensino e engajamento comunitário, formando profissionais capazes de influenciar políticas públicas e responder às necessidades do sistema de saúde mental. Preencher essas lacunas exige compromisso político, financiamento contínuo e ação intersetorial coordenada.

Palavras-chave: políticas públicas; prevalência; financiamento; formação de psicólogos; inequidade; cobertura.

1. Introducción: La salud mental como sistema complejo y prioritario

La salud mental (SM) se define como un estado de bienestar mental que permite a las personas afrontar las tensiones de la vida, desarrollar su potencial, aprender y trabajar de forma productiva y fructífera, y contribuir a su comunidad (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2023b). Su protección constituye un derecho humano directamente relacionado con el respeto a la dignidad humana, lo que precisa establecer deberes generales del Estado para promoverla y protegerla (Senado de la Repú-blica de Chile, 2024). Se trata de un complejo y delicado sistema en que confluyen determinantes sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2022a), por lo que su abordaje requiere de una red interconectada de organizaciones, personas y acciones que confluyan en priorizar su promoción, restauración y mantención (OPS, 2023a).

Pese a los avances de los últimos años, en Chile se sigue enfrentando una crisis en SM, la que ha sido insuficientemente abordada, con importantes brechas entre las políticas de SM y su implementación en el sistema público (Ministerio de Salud de Chile [MINSAL], 2022). La trama en que las acciones de unos cambian el contexto para otros (Cilliers, 2002), juega un papel central en la integración social de las personas, afectando su acceso a servicios de salud, apoyo emocional y recursos comunitarios (Espinoza & Otero, 2024). Las contingencias históricas han promovido políticas públicas con énfasis diversos, formas particulares de cuidados que modelan las condiciones psico-sociales, laborales, y relacionales en que habitamos, y dan forma a subjetividades afectivas situadas en un escenario que imposibilita gestionar la salud mental como parte de procesos colectivos. De este modo, aunque tradicionalmente el abordaje de la SM se plantea como problemática individual, resulta imprescindible comprender cómo las estructuras de sociabilidad influyen en la cohesión social, el acceso a recursos y la superación de las desigualdades.

Para abordar esta problemática, en las secciones siguientes se presentará un diagnóstico actualizado de las prevalencias de las patologías de salud mental y su cobertura y las brechas que subsisten en el sistema de salud, reflexionando luego acerca de las implicancias de estos elementos. Cerramos esta editorial con algunas propuestas de acción, concluyendo que se requiere en Chile un compromiso político que otorgue prioridad al abordaje de la SM con ajustes estructurales que consideren necesidades intersectoriales de los territorios y con asignación de recursos suficientes para su implementación.

2. Diagnóstico

A nivel mundial se estima que una de cada ocho personas padece algún trastorno mental. Los más comunes son los trastornos ansiosos y depresivos, que aumentaron un 25% durante el primer año de pandemia, con servicios de salud mental que no pudieron responder a esa demanda ampliando la brecha terapéutica (OMS, 2002b). América Latina es una de las regiones más impactadas por este problema (OPS, 2023b) y Chile ha sido ubicado entre los países con mayor carga de morbilidad por enfermedades psiquiátricas con un 23,2% (MINSAL, 2023). El informe 2024 de la Superintendencia de Seguridad Social reporta que el 72% de las enfermedades profesionales calificadas corresponden a SM, lo que ha ido en aumento respecto a años anteriores (Gana, 2025). En el último Estudio de Salud Mental (Observatorio de Salud Mental Chile, 2025), realizado en octubre 2025, se encontró que el 48,8% de los encuestados reporta por autopercepción que su SM es mala, y pésima en el caso de los adolescentes (60%). Además, un 60% de los adultos mayores, 48% de la población infanto-juvenil y 57% en adultos reportan depresión; y un 31% de los adultos, 33% en personas mayores y 25% de la población infanto-juvenil, declaran trastorno ansioso.

A pesar de que la alta demanda de atención en salud mental es absorbida por el nivel de Atención Primaria en Salud (APS; MINSAL, 2024), existen aspectos estructurales del sistema que siguen siendo relevantes. La falta de cupos en niveles especializados genera contrarreferencias hacia la APS (de la Parra et al., 2018; Minoletti et al., 2014) que produce una sobrecarga, con limitaciones de gestión por parte de los equipos de SM para ofrecer una atención resolutiva (MINSAL, 2024), contribuyendo a la cronificación de usuarios en estado de "control" (Zuñiga et al., 2023). Otro factor relevante es la rigidez administrativa, que limita una programación según las necesidades de los usuarios, y dificulta ofrecer psicoterapia semanal con el mismo profesional (MINSAL, 2018b). Este panorama, se agudiza debido al déficit de recursos humanos especializados: la cantidad de psiquiatras, psicólogos clínicos, psiquiatras infantiles, y enfermería especializada, está distribuida inadecuada e inequitativamente en las diversas comunas y regiones, lo que limita la cobertura (Minoletti et al., 2018). La mayoría de las atenciones en SM en APS son realizadas por psicólogos, pero con una limitada dotación (Minoletti et al., 2018), lo que genera sobrecarga, desmotivación por falta de resultados clínicos visibles y alta rotación de profesionales (Zuñiga et al., 2023).

También se evidencia la falta de un enfoque transversal y estandarizado en el abordaje y tratamiento de los trastornos de SM, lo que genera una respuesta desigual entre equipos y centros de APS a lo largo del país (Minoletti et al., 2018). Además, hay una limitada capacidad para detectar, diagnosticar y derivar oportunamente trastornos de SM, dificultando la entrega de tratamientos adecuados a la gravedad y necesidades del usuario (Minoletti et al., 2014). A esto se suma la formación heterogénea de los/as psicólogos/as en Chile, ya que muchos no reciben preparación específica para trabajar en el sistema de salud, y menos aún en el contexto de APS. Esta falta de formación impacta negativamente en su confianza y seguridad para abordar los problemas de SM de una complejidad mayor (de la Parra et al., 2019).

Sin embargo, la brecha más dramática radica en cuántas de esas personas efectivamente reciben atención. La cobertura sigue siendo baja, atendiendo solo al 20% de la población con trastornos de SM (MINSAL, 2024). Esto se traduce en largos tiempos de espera —con un promedio de 86 días entre el tamizaje y la consulta diagnóstica baja frecuencia de atenciones (promedio de 4 por persona al año) y un reducido porcentaje de altas clínicas (Minoletti et al., 2018). Además, la cobertura de las Garantías Explícitas en Salud (GES) se limita a cinco patologías de carácter neuropsiquiátrico: depresión, esquizofrenia, consumo de sustancias, trastorno afectivo bipolar y demencias, quedando muchas otras condiciones sin cobertura, entre otros, los trastornos ansiosos, alimentarios, obsesivo-compulsivo, de personalidad y de estrés postraumático. Los datos de la encuesta nacional de salud 2016-2017 indican que solo el 18,7% de las personas con problemas emocionales (incluido el uso de alcohol o drogas) habían recibido tratamiento en los últimos 12 meses, y de las personas identificadas con depresión, el 36,1% reportó estar en tratamiento GES/AUGE por esta patología (MINSAL, 2018a).

Es importante connotar que existe una dificultad en la estimación actualizada del acceso y cobertura en salud mental, pues los datos existentes reportan atenciones otorgadas por el sistema público o privado en relación a los casos diagnosticados, sin reflejar las necesidades de la población que queda fuera de la pesquisa, quedando invisibilizadas en sus necesidades y sin acceso a tratamientos adecuados. Para dimensionar estas desigualdades en la cobertura de otras formas, podemos recurrir a las cifras de licencias médicas aceptadas en el sistema de salud privado, donde, durante 2022, sólo el 20% del total de licencias médicas tramitadas por salud mental fueron autorizadas, conformando el grupo diagnóstico con más bajos índices de licencias autorizadas (Superintendencia de Salud, 2023).

Otro factor de peso es la segmentación del sistema de salud en Chile, donde, según cifras de 2022, una mayoría de un 78% está afiliada al sistema público en el Fondo Nacional de Salud (FONASA) y un 15,3% a entidades privadas o ISAPRES (Instituciones de Salud Previsional; Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2024). El acceso, reembolso, cobertura y disposición de los prestadores son diversas, mientras los privados pueden cubrir algunas condiciones con mayor rapidez (aunque con costos asociados), el sistema público tiene largas listas de espera y falta de especialistas, lo que puede demorar significativamente la atención.

Es también crítica la disponibilidad de camas psiquiátricas o unidades hospitalarias especializadas. Datos obtenidos entre 2002 y 2023 muestran un descenso de 6,3% de las camas disponibles. En 2023, incluyendo ambos sectores, público y privado, se reportaron un total de 38.111 camas hospitalarias, 1,92 por cada mil habitantes (Duarte, 2025). De aquellas, solo 2.596 podían destinarse a hospitalización psiquiátrica de adultos y pediátrica, un 6,8% menos que las disponibles en 1989 (Duarte, 2025).

3. Implicancias

El escenario descrito nos permite sostener que Chile hoy enfrenta una crisis en salud mental insuficientemente abordada y con diversas brechas: la epidemiológica, dada la alta prevalencia de problemas de salud mental no cubiertas; la financiera, por una subinversión sostenida de 1,7% del PIB en SM; y, finalmente, una brecha estructural/sistémica, asociada a la falta de integración de los programas, las políticas y los factores sociales y comunitarios implicados en el cuidado de la SM.

Las deficiencias de financiamiento de la SM persisten sin que se haya alcanzado la propuesta establecida en el Plan Nacional de Salud Mental y Psiquiatría 2017-2025 (MINSAL, 2017) que buscaba destinar el 6% del presupuesto total de salud a SM, encontrándonos muy por debajo del 12% recomendado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OC-DE; Errázuriz et al., 2015). Esto implica, no solo disminuir las actuales brechas entre la política pública y la implementación de las estrategias, sino que también es necesario ajustar estas políticas y los recursos para el trabajo comunitario y de promoción de salud puesto que el gasto en SM en estas áreas es muy reducido (11 % servicios comunitarios de salud mental, 10% salud mental en atención primaria, 3,6% prevención y promoción de la salud mental; OMS, 2025).

El Plan De Acción Integral Sobre Salud Mental 2013–2030 (OMS, 2022a), propone, como una manera de reducir las inequidades estructurales, cuatro objetivos prioritarios: gobernanza eficaz, atención integral y adaptable a entornos comunitarios, desarrollo de estrategias de prevención y promoción, y fortalecer la investigación en salud mental; los que debieran ser abordados para mejorar nuestros indicadores de SM.

4. Ideas para la acción

La prevalencia de los trastornos de salud mental en Chile demanda servicios de salud mental flexibles, de calidad y con capacidad resolutiva. En tal sentido, ha habido diversos y sustantivos avances. Se ha fortalecido la atención de trastornos mentales de baja a mediana complejidad en APS, que concentra el 65% de las prestaciones del Programa de Salud Mental del sistema público (MINSAL, 2024). Se ha avanzado aumentando recursos humanos, programas de intervención y la incorporación de las nuevas patologías en el GES (MINSAL, 2013). Por otra parte, el MINSAL aplicó la Estrategia de Mejora de la Calidad de la Atención en Salud Mental en APS en el 20% de los Centros de Salud Familiar del país (MINSAL, 2025) reestructurando, organizando y optimizando los procesos de atención. Además, recientemente se promulgó la Ley 21.331 (2021) "Del reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental" que promueve la atención integral, la no discriminación y el acceso equitativo a la salud , lo que ha significado un gran avance en la protección de las personas.

Reconociendo estos avances y siguiendo las propuestas del Plan de Acción Integral Sobre Salud Mental 2013–2030 (OMS, 2022a), en relación con la gobernanza eficaz, observamos con preocupación el impacto que el cambio de gobierno, que ocurrirá en Chile en marzo de 2026, podría traer en el cuidado de la SM. La necesidad de disminuir las brechas entre las políticas públicas y la implementación de las estrategias gubernamentales requiere un criterio de continuidad que priorice la promoción y atención integral de la SM, lo que parece no condecirse con la disminución del gasto público propuesta por el futuro gobierno.

La SM, como todo sistema adaptativo, es vulnerable en ciertos puntos de inflexión, donde una intervención aparentemente pequeña puede producir un cambio sustancial a nivel estructural (de Savigny & Adam, 2009; Meadows, 1999). En este contexto, se requiere enfatizar el trabajo comunitario, generando estrategias que faciliten la integración de las redes informales de apoyo, como las familiares y comunidades en el sistema de salud, ya que son determinantes en la adherencia al tratamiento y en la reducción de barreras sociales que dificultan el acceso a la atención adecuada en los Centros de Salud Familiar.

Adquieren un rol central los ejecutores de políticas a nivel popular, los y las trabajadoras del sistema de salud pública que tienen a cargo el trato directo con las y los usuarios y que ejecutan políticas que no son obra suya con planes de acción y exigencia de resultados propuestos verticalmente. Para responder, utilizan el margen de relativa autonomía de que disponen para reinterpretarlos y reformularlos con arreglo a prioridades situadas (de Savigny & Adam, 2009; Meadows, 1999). Su falta de participación en el diseño de las intervenciones que deben aplicar y la frustración que ello conlleva, genera resistencias y conflictos en los equipos que requieren una elaboración reflexiva que promueva la comprensión e integre sus puntos de vista. Para ello es importante contar con métodos innovadores que se correspondan con el carácter complejo de las intervenciones relativas a los sistemas de salud. Ello requiere un mayor apoyo a la financiación y una priorización de investigación acerca de estas vinculaciones (de Savigny & Adam, 2009; Meadows, 1999). En el caso de la SM, son especialmente fructíferos los enfoques basados en la traducción del conocimiento, centrados en identificar las relaciones o conexiones entre prácticas de intervención y políticas públicas, propiciando un nuevo espacio común de entendimiento.

En cuanto al desarrollo de la investigación en salud mental, se requiere de mayor inversión que permita no solo el fortalecimiento de sistemas de información, datos científicos y calidad de las investigaciones, sino también la incorporación de nuevos actores y metodologías. Se propone mejorar las capacidades de quienes investigan, así como las formas de colaboración universitaria que desarrollan en torno a las prioridades nacionales. Se fomentan, por un lado, investigaciones operacionales con interés directo en el desarrollo e implementación de los servicios de atención pública y, por otro, en la promoción y acompañamiento en el ejercicio de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales. Ambas líneas se conciben desde la inclusión y aportes de todos los actores involucrados, abordando las experiencias de tratantes de diversas disciplinas, pero también las subjetividades e historias de vida de las personas con trastornos mentales o discapacidades psicosociales, principales protagonistas de la complejidad de las estructuras.

Si ahora lo ponemos en la perspectiva de un sistema universitario que fomenta en sus académicos la integralidad de funciones de investigación, docencia y vinculación con el medio (Ley 21.094, 2018), un primer gran desafío disciplinar para la psicología es articular investigación y docencia, profundizando tanto en los estudios aplicados como en la formación en políticas públicas, intencionando un perfil de futuros profesionales que, más allá de ser "mano de obra clínica", sean capaces de incidir en el diseño, mejoramiento e implementación de sistemas de salud mental.

Para ello es indispensable incluir los hallazgos de la investigación clínica y operacional reciente en la formación universitaria de pregrado. Revisar durante la formación inicial los tratamientos basados en evidencias puede acercar estudios empíricos provenientes del mundo de la investigación las prácticas psicoterapéuticas e intervenciones psicosociales, instalando desde el inicio de su formación disciplinar capacidades de actualización y formación continua. Pero también son importantes las habilidades genéricas y competencias clínicas transversales, que permitan responder a las demandas actuales en especial de la salud pública, importante fuente laboral para quienes recién egresan, potenciando habilidades de trabajo interdisciplinario, comprensión e integración de enfoques comunitarios en salud mental, elaboración de modelos escalonados de intervención, telepsicología, evaluación continua de efectividad, y competencias culturales, territoriales y con perspectiva de derechos, considerando las diferencias de género y los derechos de las diversidades sexo-genéricas.

5. Conclusiones

A pesar del impacto de la SM en la calidad de vida de las personas, históricamente no ha sido una preocupación central en la política pública y para su abordaje se le ha atribuido una responsabilidad individual en el sistema de cuidados. Sin embargo, acontecimientos como el estallido social ocurrido en Chile en 2019 y la pandemia han visibilizado el sufrimiento psicológico como un asunto colectivo, relevando y develando las brechas en salud mental existentes en nuestro país: altas prevalencias, cobertura e infraestructura hospitalaria insuficiente y déficit de recursos humanos especializados. La baja inversión en salud mental desencadena una desigual distribución centralizada-regional y rural-urbana para el acceso a tratamientos especializados, largos tiempos de acceso a atención, falta de articulación entre los dispositivos, cobertura desigual por patologías y baja inversión en promoción, déficit de monitoreo, evaluación y seguimiento con datos de calidad que permitan la toma de decisiones con evidencia, entre otros.

Creemos que es fundamental un compromiso político, claro y abierto, sobre el abordaje de la SM como una prioridad nacional, que se traduzca en aumento del presupuesto para esta área, así como un trabajo articulado entre los diferentes ministerios para abordar los determinantes sociales considerando las necesidades intersectoriales y territoriales, se requiere de la toma de decisiones basada en la evidencia que fortalezca la cobertura, que amplíe los servicios y la infraestructura, que forme al capital humano y que entregue lineamientos para el abordaje de las diferentes patologías de salud mental, así como también la incorporación de actores claves (expertos por experiencia) en todo el proceso, lo que creemos permitirá acortar las brechas existentes. Este desafío requiere de un trabajo mancomunado, incorporando también a las universidades, para articular la formación de futuros profesionales de la psicología con las necesidades de los servicios de salud mental pública, por una parte, y por otra, que estos aspectos puedan ser considerados en un sistema regulatorio de la profesión (Cornejo & Lira, 2025).

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